En 2007, a cinco años de la Ley de Transparencia, la situación no era nada halagadora y, como hasta la fecha podríamos decir que no ha cambiado mucho en lo general, alguien podrá pensar, de manera más que pesimista, que estamos todavía peor que en el año antes referido.

 

Éstos son algunos de los hallazgos que se resaltan en el mencionado diagnóstico:

 

—Grado sustancial de heterogeneidad en la situación de los archivos de dependencias y entidades y de la Administración Pública Federal.

—Diferencias entre sectores en términos de cumplimiento de requerimientos archivísticos específicos.

—Profunda diversidad en lo que se denominó “complejidad archivística”, referida al número de unidades administrativas, número y tipo de archivos, volumen documental.

—Insuficiencia de recursos, en personal, infraestructura física e infraestructura informática.

—Las dependencias y entidades en su mayoría no le han asignado a la cuestión archivística un estatus elevado.

—La formación profesional en Archivonomía es escasa entre los responsables del área de archivos y el personal asignado a dicha área.

 

Estos planteamientos que, a mi entender, dan sustento a lo que de por sí se conocía, a la fecha podemos decir que no han cambiado gran cosa a pesar de los más de 12 años de la Ley de Transparencia. Habría que agregar otros elementos a ese diagnóstico que no resultan fáciles de sustentar pues plantean, sobre todo, actitudes, desdenes ante el trabajo archivístico y a quienes se dedican al mismo.

 

—Falta de conciencia y cultura archivística a nivel general de la sociedad.

—Escasa sensibilidad de las autoridades con respecto a la importancia de los archivos y de su adecuado tratamiento.

—Grave desconocimiento de los principios y prácticas archivísticas por parte de quienes se encuentran al frente de los archivos.

 

Considero que ésta es la situación que, insistimos, no es nueva y no se va a solucionar con la sola existencia de normatividad aunque hay que reconocer que la situación de los archivos en México es otra en cuanto al auge de la actividad y promoción archivística a partir de 2002, con la aparición de la mencionada Ley de Transparencia.

   

Es por eso que no se puede, bajo ningún pretexto, dejar de reconocer que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue el eje que permitió un desarrollo de los archivos y de la archivística en México. Se abrió una coyuntura en los archivos, un antes y un después de la mencionada Ley, aun cuando en el aspecto conceptual y en muchos casos operacional, se produjeron, a mi juicio, algunas confusiones de consecuencias en ocasiones graves.

 

Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo dar sentido a una ley cuando la realidad no plantea posibilidades?

 

El hecho de que con la Ley de Transparencia los archivos son una posibilidad de ejercer el poder en distintos niveles y que se reconoce un nuevo usuario de la información y por tanto un nuevo ejecutor del poder. Hablo del ciudadano que puede acercarse a las instancias de gobierno ejerciendo el derecho a la información que la Ley le otorga y que si bien estaba estipulado en la propia Constitución, era poco menos que letra muerta.

 

El ciudadano, en ese sentido, se convierte en uno más, y el más exigente usuario de los archivos; tradicionalmente se tenían dos, el investigador con afanes de historia y de pasado, y el funcionario deseando sustentar sus decisiones. El ciudadano dinamiza los archivos, les otorga una gran responsabilidad: ser garantes de la democracia, de la transparencia, del acceso a la información. Esto le da un nuevo rumbo a los archivos y a su ciencia, la archivística. Los coloca en un sitio importante que debe ser tomado en cuenta si se quiere ejercer eficaz, íntegra y adecuadamente el poder. La sociedad voltea a los archivos y se interesa muy específicamente por los administrativos pues ahí está la información que requiere para exigir la rendición de cuentas y de alguna manera interactuar con las instituciones en aras de ese objetivo. Pensamos pues, de esta manera en los archivos bien organizados, con base en los principios rectores de la archivística y con los recursos suficientes para hacer realidad la transparencia y el acceso a la información en México.

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